Vocal del CJ, Angélica Porras, y jurista Ana Abril analizan acciones para fortalecer la independencia judicial
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Vocal del CJ, Angélica Porras, y jurista Ana Abril analizan acciones para fortalecer la independencia judicial

Angelica-Porras-RADIO-CENTRO

 

La vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Angélica Porras y la directora del Instituto de Postgrado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, Ana Abril analizaron varias de las acciones desarrolladas por el organismo judicial en las últimas semanas.

 

 

Durante un panel realizado, el 20 de agosto, en radio Centro, Porras y Abril se refirieron, entre otras cosas, a la necesidad de promover políticas para el fortalecimiento de la independencia judicial.

 

En este marco, la vocal habló sobre la posible conformación de una comisión que analice los casos de supuesta corrupción judicial. Explicó que este ente podría contar con la participación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.

 

“Esta comisión no va a tener facultad para sancionar, tendrá funciones de estudio porque a quien le compete la sanción, luego de un procedimiento administrativo, es al Consejo de la Judicatura”, aclaró.

 

Por su parte, la doctora Abril se mostró partidaria de que se conforme la mencionada comisión. Señaló que con ello se daría un mensaje a los administradores de justicia en el sentido de que van a ser investigados solo cuando cometan actos de corrupción.

 

Aseguró que es imprescindible que este tipo de casos sean resueltos por el Consejo de la Judicatura bajo el debido proceso.

 

En esta línea recordó lo ocurrido con la jueza de Samborondón, Paola Dávila, quien hace casi un mes, fue suspendida de su cargo por el Presidente del CJ, Marcelo Merlo.

 

Para Abril, el titular de la Judicatura actuó en el marco de sus competencias, es decir, en lo que establece el artículo 269, numeral 5, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

 

“Era una función que sí le correspondía cumplir porque la jueza de Samborondón había infringido una disposición que le prohibía cambiar por medidas sustitutivas la prisión que tenía el señor Iván Espinel (exministro de Inclusión Económica y Social) en ese momento”, señaló.

 

La jurista afirmó que el doctor Merlo aplicó correctamente la normativa y agregó que no hay una razón para que en el Pleno del CJ exista preocupación sobre esta medida.

 

Nuevo Código de Ética

 

Al referirse a la propuesta de un nuevo Código de Ética de la Función Judicial, la vocal Angélica Porras indicó que, si bien en la actualidad existe una normativa relacionada con el tema, esta solo se refiere a generalidades y no regula conductas concretas.

 

Indicó que para la redacción del nuevo Código de Ética, los vocales del CJ han recorrido diferentes unidades judiciales con el fin de conversar y recoger las inquietudes de los jueces.

 

“Una manifestación generalizada es que, durante los últimos 10 años, se sintieron menospreciados, vigilados y controlados por el Consejo de la Judicatura. Esto supone tomar acciones para reivindicar el rol del juez”, dijo.

 

Sobre este aspecto, la doctora Abril consideró que el nuevo Código debe contener reglas obligatorias para todos los operadores judiciales. “En el momento en que el Consejo de la Judicatura expide un Código, quien entra a cumplir las funciones de juez tiene que sujetarse a la normativa”, señaló.

 

En la entrevista finalmente se dialogó sobre la posibilidad de elaborar un instructivo para que los jueces superiores puedan evaluar los fallos emitidos en primera instancia.

 

La vocal recordó que una normativa de este tipo sería de gran utilidad al momento de evaluar posibles casos de error inexcusable y negligencia manifiesta, figuras legales que están contempladas en el COFJ.

 

“El artículo 131 de ese Código señala que el error inexcusable debe ser calificado por el juez que revisa la decisión de primer nivel, esto no fue atendido por el anterior Consejo y se violó la ley. Además servía para la presión y el control a los jueces”, sostuvo.

  

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